“Si Portugal no tuviera corrupción estaría como Suiza, viviríamos incluso mejor. Pero, con la corrupción, corre el peligro de convertirse en la Albania occidental. Somos lo peor de Europa, con Italia, donde predominan las mafias, y con Grecia, donde predomina la desorganización. Tenemos ambas características”, explica a El Confidencial el vicepresidente de la Asociación Transparencia e Integridad (la versión lusa de TI), Paulo Morais, una de las caras portuguesas más conocidas en la lucha contra esta lacra. Bajo el punto de vista de este exvicepresidente de la Cámara Municipal de Oporto, “de la derecha a la izquierda, todos los partidos que conforman el Parlamento están tomados por la corrupción, bien de manera activa o bien de manera cómplice”.
Nadie se salva de las sospechas. Ni siquiera la actual ministra de Finanzas, María Luis Albuquerque, la economista de 46 años que asumió el cargo el 2 de julio. Su pasado en la política y en el mundo empresarial ha sido examinado hasta el último detalle por sus opositores, quienes le acusan de haber participado en la firma de diferentes contratos de gestión de riesgo financiero (conocidos como swaps), lo que ya se ha llevado por delante a tres secretarios de Estado.
Albuquerque lo niega, pero una auditoría interna de la Dirección General del Tesoro pone en entredicho su versión, así que este octubre tendrá que dar explicaciones en el Parlamento por tercera vez. Los titulares tampoco han dejado en el tintero que su marido llegó a asumir funciones de consultor para el grupo Energías de Portugal (EDP), precisamente el mismo que privatizó la hoy ministra durante su anterior etapa como secretaria de Estado.
España sigue de cerca a su vecino
“La corrupción tiene orígenes antiquísimos y está por todos lados. El clientelismo está muy enraizado y la cultura democrática todavía no asume la misma fuerza que en otros países”, explica a este diario el fundador del Movimiento Anti-corrupción, Micael Sousa. De hecho, el último Índice de Percepción de la Corrupción que elabora TI, basado en una escala de 0 (menos íntegro) a 100, arroja que Portugal es el tercer país más corrupto de Europa Occidental con un índice de 63, muy lejos de los puestos cabeceros que ocupan Dinamarca y Finlandia (ambos con 90), superando tan sólo a Italia (42) y Grecia (36) y con España (65) bastante cerca. Portugal fue además el Estado que más trasparencia perdió del mundo entre 2000 y 2010, también según TI.
El capítulo de Albuquerque es sólo uno más de la extensa novela por entregas en la que se ha convertido la actualidad política y empresarial portuguesa. Hay ejemplos de todas las formas, gustos y colores: caso Parque de las Naciones, caso puente Vasco de Gama, caso submarinos, caso Freeport, caso asociaciones público-privadas, caso BPP (Banco Privado Portugués), caso EDP, caso Expo’98, caso estadios Eurocopa 2004,caso BPN (Banco Portugués de Negocios). Cada uno de ellos, por separado, ha generado ríos de tinta y múltiples discusiones parlamentarias, acusaciones, dimisiones y cesiones incluidas. Basta con probar suerte en cualquier buscador para perderse en un laberinto de nombres, apellidos y connivencias. En Portugal, el caso es la corrupción.
De la derecha a la izquierda, todos los partidos que conforman el Parlamento están tomados por la corrupción, bien de manera activa o bien de manera cómplice“Es importante distinguir la corrupción objetiva y comprobadamente ilegal de la difusa en el umbral de la legalidad. Por ejemplo, cuando un ministro establece contactos con una empresa privada cuyos intereses beneficia y, tres años después de cesar de sus funciones, es decir, pasado el período que marca le ley, acaba por ser contratado por dicha compañía. Eso es corrupción difusa, que puede ser sancionada pero en el plano meramente ético. En gran medida es como se concreta el desvío de recursos del erario público para la órbita de intereses privados. Si el poder judicial sancionara una decisión política semejante, ¿estaría inmiscuyéndose en la esfera de poder del poder ejecutivo, subvirtiendo el principio de separación de poderes?”, reflexiona Gustavo Sampaio, quien durante meses ha investigado las actividades paralelas entre la política y el mundo empresarial, comparando la situación portuguesa con la de otros países europeos.
Los ilustres del caso BNP: varios ministros y un presidente
Sin duda el paradigma por antonomasia es el caso BNP que, desde principios de 2011, alberga todo un conjunto de crímenes (corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias) que terminaron con la nacionalización del Banco Portugués de Negocios. La madeja envuelve a figuras como el actual presidente de la República, Cavaco Silva, así como a exmiembros del Ejecutivo, entre ellos, José Oliveira y Costa (exsecretario de Estado), Días Oureiro (exministro de Asuntos Parlamentarios y de Administración Interna), y Miguel Cadilhe (exministro de Finanzas).
“Es el mayor escándalo de corrupción política y financiera de Portugal en las últimas décadas, en la medida en que podrá costar a los contribuyentes 6,6 millones de euros. La credibilidad de la Justicia portuguesa también está siendo gravemente dañada pues, cinco años después, Oliveira y Costa ni siquiera está sujeto a arresto domiciliario, mientras, en contraste, el responsable del fraude financiero en Estados Unidos, Bernard Madoff, fue juzgado y condenado en apenas seis meses”, lamenta Sampaio.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) criticó a mediados de año la permisividad y pasividad de las autoridades lusas en el ámbito de la Convención sobre la Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, firmada por Portugal en 2001. Ni una sola de las quince alegaciones de corrupción en las que aparecían implicadas compañías nacionales se saldó con consecuencias policiales, según destacaba la OCDE en su informe. El grupo de trabajo exigió al país trabajar de forma “más vigorosa” para incrementar el “alarmante bajo” nivel de lucha contra este tipo de prácticas.
La promiscua figura de los políticos-empresarios
En un día lluvioso de elecciones, la mayoría de los electores decide votar en blanco. José Saramago escribió su novela Ensayo sobre la lucidez en 2004 con ese telón de fondo, a modo de reflexión sobre el sistema democrático y las actitudes de los gobernantes. Casi una década después, el hartazgo del pueblo portugués con sus políticos quedó patente cuando, también en una jornada electoral pasada por agua, apenas votó por los partidos mayoritarios (Partido Socialista y Partido Socialdemócrata) uno de cada tres inscritos (el 27,8% del total de los electores) en las elecciones municipales. El Partido Comunista (5,8%) y los independientes (3,6%) completaron un pastel que registró cifras récord de abstenciones (47,2%), votos en blanco (2,0%) y nulos (1,5%).
La propia OCDE critica la permisividad y pasividad de las autoridades lusas en el ámbito de la Convención sobre la Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales InternacionalesEl 78% de los portugueses denuncia que la corrupción ha empeorado en los dos últimos años, según revela el Barómetro Global de la Corrupción de 2013. Lo que está sujeto, sin embargo, a múltiples interpretaciones es que la apatía política sea el reflejo de un rechazo expreso y activo a la clase política. El fundador del Movimiento Anti-corrupción pone gran parte de la responsabilidad de lado de la propia ciudadanía: “Difícilmente podemos tener otros políticos cuando, se quiera o no, son el espejo de la sociedad a la que representan. Para que tengamos mejores políticos también debemos ser mejores ciudadanos. La corrupción se produce principalmente en las sociedades donde no existe una ética cívica sólida y generalizada. Y el desarrollo ético sólo se consigue con una fuerte concienciación de los ciudadanos”.
Las consecuencias de esta apatía política tampoco están claras. Se habla de regeneración democrática pero también de un exceso de permisividad que cultive regímenes poco democráticos. “Una parte considerable de la población no se siente representada por los partidos del actual espectro político. Hay un vacío de representación que acabará siendo ocupado de alguna forma. O por los actuales partidos tras una profunda reformulación de su funcionamiento, o por nuevos partidos o, en la peor de las hipótesis, por movimientos populistas y antidemocráticos que podrían subvertir o incluso destruir el régimen político en vigor desde la Revolución de abril de 1974”, advierte Sampaio.
De momento, en este inicio de curso los portugueses, además de dar la espalda a sus políticos, han mostrado interés acerca de la corrupción que circula por el país, pues entre la listas de los libros más vendidos se han colado De la corrupción a la crisis. ¿Qué hacer?, de Paulo Morais, y Los privilegiados, del periodista Gustavo Sampaio. La investigación de este último revela que 16 de las 20 compañías que figuran en la Bolsa de Lisboa (PSI-20) tienen exgobernantes entre sus filas. “Y no es una lista exhaustiva. Levanta la cuestión de si son contratados por las empresas dada su experiencia y mérito, o bien por su red de contactos e influencia en la esfera política”, deja caer el autor.
El dato lo completa Morais: “Cerca de seis decenas de parlamentarios son simultáneamente administradores, consultores, directores, abogados, etcétera, de empresas que tienen grandes negocios con el Estado. Eso quiere decir que por la mañana trabajan para el Estado y por la tarde fiscalizan según sus propios intereses y negocios. La promiscuidad es absoluta”.
Los privilegiados presenta claros indicios de mezcolanza entre la esfera política y las grandes empresas privadas, que se benefician de contratos firmados con el Estado, de falta de competitividad e incluso de monopolios, ineficacia reguladora y connivencia con mecanismos de evasión fiscal. “La legislación permite que los diputados ejerzan funciones parlamentarias en régimen de media jornada, compatibilizándolo con el sector privado. Lo más grave muchas veces es que esas actividades paralelas entran en conflicto con la actividad parlamentaria, es decir, hay claros conflictos de intereses. La legislación es demasiado permisiva. Y como los lobbies no están regulados, son un asunto tabú. En vez de estar en las inmediaciones del Congreso como sucede en Estados Unidos, aquí están dentro de la propia Asamblea de la República, personificados en los propios diputados-consultores, diputados-abogados o diputados-gestores de empresas privadas”, alerta Sampaio.
Leyes viciadas desde su nacimiento
La legislación portuguesa tampoco supone un alivio ya que, según el estudio Sistema Nacional de Integridad, “a pesar de los esfuerzos” las leyes están “viciadas desde su nacimiento, con graves defectos de diseño y formato”. Se trata de un dictamen efectuado por la Asociación Transparencia e Integridad, tras haber analizado tanto los órganos de gobierno y de justicia como a la sociedad civil y al sector empresarial. Las conclusiones son claras: no existe una política estructurada, la proliferación de instrumentos multiplica las dificultades de coordinación, el proceso legislativo necesita dar un salto cualitativo, hay pocas condenas, escaso déficit de especialización e ineficacia en los mecanismos de supervisión y fiscalización estatales, la definición y protección del interés público es mala, la presencia de un cuerpo ético en la Administración pública es débil y, por último, los procedimientos de consulta están poco desarrollados.
Son muchas las posibles medidas que los diferentes grupos han puesto sobre la mesa. Incluso los propios políticos son conscientes de la gravedad de la situación. El portavoz del Partido Socialista, Joao Ribeiro, propuso en un artículo publicado por la revista Finisterra toda una “revolución” del sistema político: actas públicas de los consejos de ministros, agendas de reuniones y de los propios gobernantes accesibles en internet, prohibición expresa de contratación externa para la producción legislativa y regulación de la actividad de los grupos de presión.
Si la crisis es un demonio que ciega y la connivencia de cargos públicos con responsabilidades privadas un hechizo que cuchichea malos consejos, la corrupción es para Portugal el peor de sus lastres. No hay datos irrefutables, pero algunos consideran incluso que la crisis portuguesa tiene mucho más que ver con los casos de corrupción, grandes o pequeños, que con la coyuntura económica.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2013-10-10/de-paraiso-de-la-transparencia-al-tercer-pais-mas-corrupto-de-europa_39481/
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